El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal es la principal institución académica de Iberoamérica sobre Derecho Procesal y sistemas de justicia.
Esta organización sin fines de lucro reúne en su seno a las principales profesoras y profesores de Derecho Procesal de las universidades iberoamericanas y a destacadas expertas y expertos en diversas áreas del derecho, quienes trabajan colaborativamente en pos del mejoramiento de los sistemas de justicia en la región.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal tiene casi 70 años de trabajo ininterrumpido. Se fundó en Montevideo, en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, realizadas en 1957, en homenaje a la memoria del insigne procesalista uruguayo Eduardo J. Couture.
En la sesión de clausura de dichas Jornadas, el profesor brasileño Víctor Russomano propuso la creación de un Instituto Americano de Derecho Procesal, que desde 1970 lleva el nombre de Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
El recordado profesor Adolfo Gelsi Bidart fue su primer secretario general (1957) y pocos años después fue elegido presidente el profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo (1960). Lo sucedieron en la presidencia del Instituto figuras como Hernando Devis Echandía, Enrique Vescovi, Augusto Mario Morello, José Carlos Barbosa Moreira, Roberto O. Berizonce, Jairo Parra Quijano, Raúl Tavolari Oliveros, Ángel Landoni Sosa, Eduardo Oteiza y Lorenzo Bujosa Vadell. Actualmente preside el Instituto el Profesor Santiago Pereira Campos.
En 2010 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay le otorgó personería jurídica al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
En las distintas comisiones y grupos de trabajo del Instituto participan las más destacadas figuras del Derecho Procesal de Iberoamérica.
El Instituto ha celebrado 28 jornadas científicas iberoamericanas y cientos de eventos regionales. Cuenta con más de 500 miembros, incorporados luego de un proceso de selección en el cual se evalúan los méritos académicos y la trayectoria de los postulantes.
El Instituto promueve la investigación en Derecho Procesal, realizando una amplia actividad de divulgación, marcando la necesidad de fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia de los poderes judiciales y el combate a la injerencia indebida del poder político en la tarea de juezas, jueces y fiscales.
Esta institución es el escenario en el que las y los procesalistas de la región construyen soluciones sobre los desafíos de la Justicia en Iberoamérica, identificando falencias comunes y planteando, desde la academia, propuestas para mejorar los sistemas de justicia y diseñar, implementar y monitorear políticas públicas de justicia; y para vencer las barreras de acceso a la justicia de los ciudadanos.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ha desarrollado, desde las últimas décadas del siglo pasado, una proficua labor para apoyar a los países en la elaboración de instrumentos procesales modernos y adecuados, adelantándose a los procesos de integración regional.
Entre las obras más significativas del Instituto se mencionan los códigos modelo, instrumentos de soft law de gran impacto en la región.
El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, marcaron la agenda de reformas a la justicia desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la fecha.
Dichas obras se complementan con instrumentos que son respuestas a los nuevos desafíos: el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, el Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamerica, el Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica y la Ley Modelo de Arbitraje Comercial para Iberoamérica.
Estos instrumentos de soft law han influido y siguen influyendo marcadamente en las reformas a la justicia proyectadas y/o emprendidas por un gran número de países en el mundo.
Hoy, sin desatender esta labor, nuestros esfuerzos se enfocan también en nuevos fenómenos que deben atender los sistemas de justicia: la irrupción de la Inteligencia Artificial, los problemas de acceso a justicia y eficiencia, la necesidad de construir un sistema multipuertas, proporcional y flexible, el rol de las cortes de vértice, el fomento de una cultura de colaboración en la resolución del conflicto, el enfoque multicultural de la conflictividad y la forma de solucionarla, el lenguaje claro, entre otros.
Es más que nunca ahora, en tiempos de recesión democrática, imperioso fortalecer la justicia para garantizar el estado de derecho. Para ello necesitamos diseñar, implementar y monitorear políticas públicas basadas en evidencia y centradas en las personas, que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.